El Ministerio de Derechos Sociales acusa a la plataforma de vulnerar la normativa autonómica de vivienda; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala la medida
Airbnb se enfrenta en España a su mayor revés judicial y político hasta la fecha. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha ordenado el bloqueo de más de 65.000 anuncios publicados en la plataforma de alquiler vacacional por considerar que incumplen la normativa vigente sobre vivienda turística en distintas comunidades autónomas.
La decisión, que ha sido respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, representa un duro golpe para el modelo de negocio de Airbnb en nuestro país y marca un precedente en la creciente presión regulatoria sobre este tipo de alojamientos.
“Se trata de anuncios ilícitos que vulneran la legislación autonómica de publicidad y protección del consumidor”, señalan desde la Dirección General de Consumo.
Un conflicto de fondo: licencias, transparencia y protección al consumidor
Según el Ministerio, el 65.935 anuncios identificados presentan diversas irregularidades:
- Falta de número de licencia turística o registro autonómico obligatorio. Muchas comunidades exigen que este número se incluya de forma visible en cada anuncio para poder ejercer control sobre la oferta.
- Falta de claridad sobre si el arrendador es profesional o particular, una información fundamental para que el usuario sepa si le ampara la legislación de consumo.
- Licencias fraudulentas o inexistentes, detectadas tras contrastar los registros oficiales con los datos presentados por los alojamientos en la plataforma.
Estas prácticas, advierten las autoridades, desprotegen al consumidor, dificultan la fiscalización y contribuyen a una oferta descontrolada de pisos turísticos que altera el equilibrio del mercado de la vivienda en numerosas ciudades.
La justicia respalda al Gobierno y obliga a Airbnb a actuar
Airbnb había recurrió en los tribunales anteriores resoluciones similares, intentando evitar la eliminación masiva de anuncios. Sin embargo, la sentencia del TSJ de Madrid obliga ahora a retirar al menos 4.900 anuncios de manera inmediata, además de acatar el bloqueo de decenas de miles de otros listados señalados por el Gobierno.
Esta decisión supone un aval judicial sin precedentes al enfoque regulador del Ministerio, que ha puesto como uno de sus objetivos prioritarios reordenar el mercado de la vivienda vacacional ante el agravamiento del problema del alquiler en España.
Más allá de Airbnb: un movimiento de fondo
La medida no es un caso aislado. Durante 2024 y lo que va de 2025, el Ministerio de Derechos Sociales y la Dirección General de Consumo han abierto expedientes sancionadores a grandes plataformas, gestoras de pisos turísticos y inmobiliarias con prácticas abusivas hacia inquilinos. La lucha contra los excesos del alquiler vacacional se ha convertido en una pieza clave de la política de vivienda del Gobierno, que busca contener los precios y frenar el desplazamiento de vecinos de sus barrios.
Ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga o Sevilla han vivido un crecimiento explosivo del número de pisos turísticos en los últimos años, lo que ha intensificado las tensiones con residentes, ayuntamientos y movimientos por el derecho a la vivienda.
Airbnb bajo presión en toda Europa
Este nuevo episodio en España se suma a los crecientes problemas de Airbnb en otras ciudades europeas como Berlín, París o Ámsterdam, donde se han aplicado restricciones al número de días que se puede alquilar un piso, se exigen licencias obligatorias o se imponen sanciones severas.
En España, el Gobierno busca equilibrar el alquiler turístico con el tradicional, ante una emergencia habitacional que afecta especialmente a los jóvenes y familias de clase media. En palabras del Ministerio, “los pisos turísticos deben cumplir con las leyes igual que cualquier otro servicio”, y no pueden “desvirtuar el mercado con prácticas opacas o ilegales”.
¿Y ahora qué?
La plataforma no ha emitido, por el momento, un comunicado oficial sobre esta última resolución, aunque se espera una reacción en los próximos días. El precedente judicial, sin embargo, limita su margen de maniobra e introduce un elemento clave para futuros litigios.
Con esta acción, España se suma al creciente frente europeo contra la economía de plataformas que opera al margen de las normativas locales, y abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro del turismo, el acceso a la vivienda y el papel de las grandes tecnológicas en la regulación urbana.
